La provincia redujo su presión fiscal y puede avanzar más-

por Castor López*

En las bases programáticas del Frente Cívico, elaboradas durante el año 2004, se visualizaba que una de las limitantes del desarrollo provincial la excesiva presión fiscal vigente que, según una medición de la Fundación Mediterránea del año 2003, situaba a nuestra provincia en el ultimo puesto 24 en el mapa de la presión fiscal de Argentina.
La carga tributaria total promedio que, sobre las familias y las empresas de Santiago, representaban los impuestos nacionales, provinciales y municipales alcanzaba al 40% de los ingresos. Para dejar más dinero disponible para un mayor consumo o ahorro (y una mayor inversión que, a su vez, genera más empleos) era menester disminuir la presión fiscal subnacional, tanto provincial como las municipales. Así, una de las políticas públicas prioritarias del año 2005 fue la modificación del código fiscal provincial, disminuyendo las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y los sellados. Una nueva medición de la misma Fundación del año 2006, ya ubicaba a Santiago del Estero en el puesto 9 entre las 24 provincias del país, con una presión fiscal agregada del 34,3%. Además, estos resultados de la reforma fiscal provincial derribaba el arraigado mito local que la reducción de las tasas impactaría negativamente en los recursos propios. Por el contrario, durante el periodo 2003-2006 la recaudación provincial se incrementó de $96 millones a $186 millones, avalando la suficientemente comprobada tesis (los contribuyentes “compran más impuestos” cuando estos son “más baratos”) del economista Arthur Laffer. Un último estudio en el año 2007 de la referida Fundación, ubica ahora a nuestra provincia en la posición 5 en Argentina con una carga de impuestos directos y al consumo del 32,8% de los ingresos de los agentes económicos formales. Dado que la voracidad fiscal del Estado Nacional no disminuye, es imprescindible continuar reduciendo la presión fiscal subnacional, por ejemplo mediante la eliminación del impuesto a los sellos y del fondo de reparación social (¡un impuesto al empleo!). Se resignarían solo $60 millones anuales (menos del 2% del próximo presupuesto público provincial) pero que, liberados éstos al sector privado provincial, se transformarían inmediatamente en inversiones y empleos que contribuirían muy relevantemente al sostenimiento del actual crecimiento de la economía provincial.

(*) Diputado Provincial de Pro+Recrear.