Dejamos pasar otra oportunidad

por Alberto Medína Méndez*

La concesión otorgada oportunamente a las empresas de transporte público de pasajeros en la ciudad de Corrientes asiste hoy a una nueva página de su desdichada historia.

Nada sorprende demasiado. Se renueva casi automáticamente el modelo. Puede circunstancialmente cambiar ciertos nombres entre los elegidos, pero la esencia no se modifica. Esta es una ciudad que asume con asombrosa naturalidad su rol de rehén de un sistema que no solo ha demostrado reiteradamente su ineficiencia, sino que adolece de criterios indispensables de competencia que le quitan legitimidad moral.

El sistema de concesión de transporte público de pasajeros en Corrientes no es mas que la burda réplica de idénticos modelos copiados de otras localidades.

La base del modelo de la concesión implica que una autoridad municipal, no importa el color partidario, decide arbitrariamente cuantas líneas son necesarias, cuales de ellas reúnen discutibles requisitos y por lo tanto quienes merecen ocupar esos lugares. Esa misma autoridad local, decide, sin ningún mecanismo de opinión popular, cuales serán los recorridos, la frecuencia y cual el costo que deberá pagar cada ciudadano por utilizar el servicio que han diseñado sin consulta previa.

Las concesiones de servicios públicos en el transporte, se sostienen sobre una serie de prejuicios, mitos y convenientes argumentos que apuntan a justificar su existencia.

El primero de ellos es que esta es la UNICA manera de hacerlo. Este, tal vez, sea el argumento no solo mas irracional sino mas funcional al uso de la arbitrariedad como método para elegir caprichosamente quienes serán los beneficiarios que recibirán el "favor" oficial para llevar adelante el negocio, con este fuerte esquema prebendario que les garantiza no solo el monopolio por recorridos sino una tarifa a la medida del negocio desapareciendo así el riesgo empresario, elemento primordial de cualquier emprendimiento privado.

El segundo de los argumentos que justifica estos modelos de concesiones, es aquel que afirma que este sistema garantiza ORDEN evitando el caos vehicular en concentraciones ciudadanas como las nuestras. Simpática línea argumental esta que intenta establecer una dicotomía entre orden y caos, para atemorizarnos haciéndonos creer así que un marco competitivo sería una verdadera anarquía, poblando nuestras calles de cientos de empresas prestando el servicio. Vaya desconocimiento del mercado.

El tercer argumento, y mas perverso por cierto, es el que dice que si no se garantizaran estas reglas al sector privado nadie invertiría y por lo tanto no tendríamos empresas de colectivos en las ciudades. Este es tal vez el peor de todos, fundamentalmente porque se sustenta sobre algo indemostrable. Las décadas que lleva el sistema actual no permite siquiera contrastar esta visión con alguna evidencia. Recordemos que este argumento es el que posibilita el esquema de subsidios, privilegios, preferencias, tramos monopólicos y cuanta ventaja sea posible para no "espantar" a aquellos inversores.

Alguien imagina que sucedería si estos argumentos morales se aplicaran al transporte de pasajeros de media y larga distancia ? al de los minibusses que recorren tramos cortos entre localidades, o el de los mismos remisses con los que convivimos a diario ?.

Resulta difícil suponer que un ciudadano, o un puñado de ellos, por brillantes que parezcan, puedan resultar suficientemente iluminados como para determinar, cuantas empresas, que recorridos, a que precio y con que tipo de servicio se puede satisfacer a una comunidad. Creerse en condiciones de establecer estas características, además de esconder una alta dosis de soberbia personal, de asumir el poder de acumulación de variados conocimientos que ni el mercado conoce, es desafiar los principios básicos de la economía.

Si esto fuera posible nada les impediría hacer lo mismo en otros ámbitos de nuestras vidas. Si saben cuantas líneas de colectivos debemos tener, por donde deban transitar, con que frecuencia y cuanto deben cobrar, seguramente también podrían determinar cuantas heladerías, carnicerías, verdulerías o supermercados debemos permitir en la ciudad. También deben estar entonces preparados para saber cuantos plomeros, carpinteros, mecánicos y zapateros necesitamos en esta comuna. En ese caso, hasta podrían elegirlos y ahorrarnos el esfuerzo de andar decidiendo libremente con quienes queremos resolver nuestros cotidianos problemas domésticos, o donde debemos comprar la mercadería para nuestros hogares.

Esta es la lógica con la que razonan. Ellos saben como, y por eso sienten que tienen el poder de hacerlo, respaldado por el tácito aval popular que obtienen en cada elección.

Evidentemente algo les hace suponer que un ser divino los ha iluminado de manera tal que conocen todo cuanto precisan los ciudadanos, que somos seres que gozamos de menor coeficiente intelectual que ellos. Tal vez exista alguna cuestión alimentaria, genética o simplemente mística que desconocemos y que los hace realmente superiores a estos funcionarios.

Resulta difícil aceptar tan graciosamente argumentos que parecen mas cercanos a lo religioso que al sentido común. Estos funcionarios que a diario, no solo en esta ciudad, sino en buena parte del mundo, pretenden erigirse en los dueños de nuestras vidas asumiendo un rol que les excede largamente, son simples seres humanos con las mismas limitaciones que el resto.

Mientras no abandonemos algunas arraigadas creencias que obedecen a paradigmas ya derribados siglos atrás no, no tendremos chance alguna de resolver la cuestión. Ni esta, ni ninguna de las otras que nos preocupan cotidianamente.

Por ahora, solo hemos asistido a otra triste página de la oscura historia de las concesiones de transporte público de pasajeros en Corrientes. Hemos dejado pasar otra gran oportunidad.

*Periodista. Fundación Atlas 1853
amedinamendez@gmail.com
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