Ignacio Delfino Piccolini*
¨ La constante experiencia demuestra que todos los hombres investidos de poder son capaces de abusar de él y de hacer valer su autoridad tanto como puedan ¨ Montesquieu, Spirit of the Laws, Hafner Library of Classics, New York 1949, I, p. 150.
Friedrich Hayek señalaba en una de sus obras, ¨Los Fundamentos de la libertad¨, que el hombre europeo entró en la historia dividido en libre y esclavo. El hombre libre tenía la posibilidad de actuar de acuerdo a sus propias decisiones y planes, en contraposición de aquel que se encontraba irrevocablemente sujeto a la voluntad de otro que de forma arbitraria podría coaccionarle para que actuase o no de manera específica. El devenir histórico nos ha enseñado que el hombre fue libre siempre que tuvo la posibilidad de ordenar sus vías de acción según sus propias intenciones y no la de otros. Para ello se dieron circunstancias puntuales en las que los otros no podían o no querían interferir. Los pensadores morales escoceses, David Hume, Adam Smith y Adam Ferguson argumentaban con gran solidez que la esencia de la libertad radicaba en la espontaneidad y en la ausencia de coacción. Aunque solemos percibir que los resultados finales de la historia llevan demasiado tiempo en plasmarse, estos finalmente se imponen. Son las instituciones y las tradiciones exitosas las que finalmente se adoptan y permanecen vivas. La esclavitud muere porque la libertad se impone a ella y la vida deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí misma. Los totalitarismos tienden a extinguirse porque triunfan sobre ellos las democracias liberales, regímenes políticos en los que se vive mejor. El comunismo y las economías centralmente planificadas se derrumban porque no son los regímenes políticos y económicos idóneos a través de los cuales el hombre puede alcanzar sus metas, en cambio sí lo es el capitalismo que permite que las conductas humanas creen valor y lleven a cabo el cálculo económico en un contexto de continuo cambio, incertidumbre y escasez.
La acción del hombre siempre tendrá carácter especulativo debido a las circunstancias inciertas que conlleva hacer frente al futuro. Actuamos porque estamos descontentos o insatisfechos, lo hacemos para mejorar nuestra situación, eliminar nuestro malestar o al menos sustituir aquello que subjetivamente satisface menos por aquello que apetece más. Este es el objeto de nuestras acciones, el cambio en un contexto de escasez en el que transitamos y vivimos. Sin embargo esta libre pretensión de la sociedad civil está reñida y en perpetuo conflicto con la pretensión de los gobiernos, de los Estados que quieren sustituir, reemplazar y hasta erradicar este protagonismo de los individuos para imponer el suyo propio. Aún resuena la advertencia que Ludwig Von Mises hizo en ¨La Acción Humana¨: ¨Se pretende manejar los precios y los salarios, los tipos de interés y los beneficios y las pérdidas, como si su determinación no estuviera sujeta a ley alguna. Intentan los gobernantes imponer, mediante decretos, precios máximos a los bienes de consumo y topes mínimos a las retribuciones laborales. Exhortan a los hombres de negocios para que reduzcan sus beneficios, rebajen los precios y eleven los salarios, como si todo esto dependiera simplemente de la buena voluntad del sujeto. El más infantil mercantilismo se ha enseñoreado de las relaciones internacionales. Bien pocos advierten los errores que encierran las doctrinas en boga y se percatan del desastroso final que les espera.¨ No obstante, llegará el día, para bien de todos, en el que la discrecionalidad administrativa de los gobiernos y sus reglamentaciones se limitarán únicamente a la búsqueda del respeto de la propiedad privada, la vida de las personas y la libertad individual. Porque dicho proceder es el que mejor se adecua a la pacífica cooperación social fundada en la auténtica y sustantiva ley siempre regida por la prevalencia de las normas abstractas y generales.
Mientras que para John Locke la ley nace para que el hombre goce sin sobresaltos de su libertad y de sus propiedades, para Montesquieu la división de poderes nace para preservarlas. Sin embargo, a comienzo de este siglo XXI observamos que la ley concebida por Locke en el siglo XVII y la separación y división de poderes con sus frenos y contrapesos tal cual la entendían Montesquieu y Madison en el siglo XVIII han sido tergiversadas en sus fines al ser eclipsadas, desnaturalizadas y finalmente subyugadas por el poder ejecutivo o más bien por su abuso de poder. Ni las Constituciones ni los poderes legislativos y judiciales han servido de eficaz contrapeso a tal avasallamiento. Sólo en unas pocas naciones desarrolladas se puede constatar cierta resistencia a esta tendencia universal ya muy extendida. Sin embargo, esta resistencia es tenue, sólo se percibe por contraste al comparar dichos regímenes con aquellos otros en los que se ha producido un deterioro institucional notable. Argentina y más aún Venezuela son ejemplos actuales de tal degradación institucional que conlleva un creciente y generalizado empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos siempre que las intervenciones de gobierno interfieren en sus planes, confiscan los frutos de su trabajo y propiedades y menoscaban o minan el cumplimiento de sus contratos.
Las situaciones en las que se manifiesta la no aplicación del principio de limitación efectiva de los poderes son muy variadas y numerosas. Por ejemplo, en la mayor parte de los Estados modernos aquella prensa crítica que guarda importantes márgenes de independencia respecto al gobierno resulta ser más efectiva como contralor de los actos de Gobierno que el propio Parlamento. De hecho una vez ventilado públicamente un acto de corrupción administrativa gracias a las investigaciones llevadas a cabo por los medios de comunicación, los diputados, siempre tan previsibles, suelen constituir una comisión de investigación especial parlamentaria, a modo de instancia judicial, con las comparecencias e indagatorias oportunas a efectos de hallar los responsables de tales escándalos. Los resultados que vuelcan tales comisiones parlamentarias suelen ser poco eficaces cuando no dudosos e inciertos pues las responsabilidades se terminan difuminando debido a la alta ¨ politización ¨ que conlleva el caso tratado.
Los responsables de los poderes ejecutivos son conscientes de que su gobernabilidad y supervivencia dependen de que los ciudadanos mantengan ciertos niveles de prosperidad y ello se consigue irremediablemente con mayor libertad económica y la afluencia de inversiones extranjeras dada la configuración que ha adoptado la economía mundial actual. En este sentido podemos ser algo más optimistas sobre la realización a escala planetaria de un plan más o menos liberal de gobierno fundado en el respeto de los derechos de propiedad y las libertades civiles. Las empresas buscarán invertir en contextos económicos con una fiscalidad más favorable, costes laborales más bajos, escasa regulación sobre las actividades empresariales y marcos legales y burocracia judicial garantes del cumplimiento de los contratos y la ejecución efectiva de las obligaciones contraídas. En estos tiempos que corren, de poco sirven las visitas de las autoridades de gobierno a países extranjeros con el objeto de atraer inversión pues son los factores arriba mencionados los que realmente deciden la domiciliación de una sociedad empresarial en una u otra nación, región o jurisdicción. Los líderes de gobierno no suelen representar incentivos para la inversión, sino en muchos casos verdaderos obstáculos por tanto deberían esconder esa actitud pretenciosa que exhiben en sus discursos públicos frente a empresarios o en sus acciones de gobierno.
Desde una perspectiva histórica, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la humanidad jamás gozó de mayor libertad política y económica como en los tiempos actuales. Sin embargo esta afirmación tan esperanzadora choca con una tendencia nada alentadora pero igualmente indiscutible: el aumento en estos últimos cien años de la participación y proporción del gasto global de las administraciones públicas sobre sus productos nacionales. El ¨ Ogro Filantrópico ¨ de Octavio Paz necesita recursos cada vez más abundantes para ocuparse del bienestar del género humano, de su salud, educación, seguridad, pensiones, seguro de desempleo hasta suplantar la responsabilidad que le cabe al individuo ante sus propias decisiones y actos de la vida. El hombre es devorado diariamente por el Ogro Filantrópico que es el Estado paternalista en la medida en que decide su plan de vida, toma decisiones por él y asume la responsabilidad que confiere la propia acción humana. Al fin y al cabo estamos asistiendo en primer lugar a la desconfianza que profesa un inmenso número de gobernantes y gobernados sobre el individuo como principal responsable de tomar decisiones y dar respuesta a los dilemas que sólo a él le competen y en segundo lugar observamos una continua búsqueda de rentas por parte de grupos de interés convenientemente organizados, cohesionados y funcionales al sostenimiento y pervivencia de los poderes gubernamentales de turno.
* Investigador Asociado de la Fundación Atlas, residente en Madrid, España. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense.
¨ La constante experiencia demuestra que todos los hombres investidos de poder son capaces de abusar de él y de hacer valer su autoridad tanto como puedan ¨ Montesquieu, Spirit of the Laws, Hafner Library of Classics, New York 1949, I, p. 150.
Friedrich Hayek señalaba en una de sus obras, ¨Los Fundamentos de la libertad¨, que el hombre europeo entró en la historia dividido en libre y esclavo. El hombre libre tenía la posibilidad de actuar de acuerdo a sus propias decisiones y planes, en contraposición de aquel que se encontraba irrevocablemente sujeto a la voluntad de otro que de forma arbitraria podría coaccionarle para que actuase o no de manera específica. El devenir histórico nos ha enseñado que el hombre fue libre siempre que tuvo la posibilidad de ordenar sus vías de acción según sus propias intenciones y no la de otros. Para ello se dieron circunstancias puntuales en las que los otros no podían o no querían interferir. Los pensadores morales escoceses, David Hume, Adam Smith y Adam Ferguson argumentaban con gran solidez que la esencia de la libertad radicaba en la espontaneidad y en la ausencia de coacción. Aunque solemos percibir que los resultados finales de la historia llevan demasiado tiempo en plasmarse, estos finalmente se imponen. Son las instituciones y las tradiciones exitosas las que finalmente se adoptan y permanecen vivas. La esclavitud muere porque la libertad se impone a ella y la vida deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí misma. Los totalitarismos tienden a extinguirse porque triunfan sobre ellos las democracias liberales, regímenes políticos en los que se vive mejor. El comunismo y las economías centralmente planificadas se derrumban porque no son los regímenes políticos y económicos idóneos a través de los cuales el hombre puede alcanzar sus metas, en cambio sí lo es el capitalismo que permite que las conductas humanas creen valor y lleven a cabo el cálculo económico en un contexto de continuo cambio, incertidumbre y escasez.
La acción del hombre siempre tendrá carácter especulativo debido a las circunstancias inciertas que conlleva hacer frente al futuro. Actuamos porque estamos descontentos o insatisfechos, lo hacemos para mejorar nuestra situación, eliminar nuestro malestar o al menos sustituir aquello que subjetivamente satisface menos por aquello que apetece más. Este es el objeto de nuestras acciones, el cambio en un contexto de escasez en el que transitamos y vivimos. Sin embargo esta libre pretensión de la sociedad civil está reñida y en perpetuo conflicto con la pretensión de los gobiernos, de los Estados que quieren sustituir, reemplazar y hasta erradicar este protagonismo de los individuos para imponer el suyo propio. Aún resuena la advertencia que Ludwig Von Mises hizo en ¨La Acción Humana¨: ¨Se pretende manejar los precios y los salarios, los tipos de interés y los beneficios y las pérdidas, como si su determinación no estuviera sujeta a ley alguna. Intentan los gobernantes imponer, mediante decretos, precios máximos a los bienes de consumo y topes mínimos a las retribuciones laborales. Exhortan a los hombres de negocios para que reduzcan sus beneficios, rebajen los precios y eleven los salarios, como si todo esto dependiera simplemente de la buena voluntad del sujeto. El más infantil mercantilismo se ha enseñoreado de las relaciones internacionales. Bien pocos advierten los errores que encierran las doctrinas en boga y se percatan del desastroso final que les espera.¨ No obstante, llegará el día, para bien de todos, en el que la discrecionalidad administrativa de los gobiernos y sus reglamentaciones se limitarán únicamente a la búsqueda del respeto de la propiedad privada, la vida de las personas y la libertad individual. Porque dicho proceder es el que mejor se adecua a la pacífica cooperación social fundada en la auténtica y sustantiva ley siempre regida por la prevalencia de las normas abstractas y generales.
Mientras que para John Locke la ley nace para que el hombre goce sin sobresaltos de su libertad y de sus propiedades, para Montesquieu la división de poderes nace para preservarlas. Sin embargo, a comienzo de este siglo XXI observamos que la ley concebida por Locke en el siglo XVII y la separación y división de poderes con sus frenos y contrapesos tal cual la entendían Montesquieu y Madison en el siglo XVIII han sido tergiversadas en sus fines al ser eclipsadas, desnaturalizadas y finalmente subyugadas por el poder ejecutivo o más bien por su abuso de poder. Ni las Constituciones ni los poderes legislativos y judiciales han servido de eficaz contrapeso a tal avasallamiento. Sólo en unas pocas naciones desarrolladas se puede constatar cierta resistencia a esta tendencia universal ya muy extendida. Sin embargo, esta resistencia es tenue, sólo se percibe por contraste al comparar dichos regímenes con aquellos otros en los que se ha producido un deterioro institucional notable. Argentina y más aún Venezuela son ejemplos actuales de tal degradación institucional que conlleva un creciente y generalizado empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos siempre que las intervenciones de gobierno interfieren en sus planes, confiscan los frutos de su trabajo y propiedades y menoscaban o minan el cumplimiento de sus contratos.
Las situaciones en las que se manifiesta la no aplicación del principio de limitación efectiva de los poderes son muy variadas y numerosas. Por ejemplo, en la mayor parte de los Estados modernos aquella prensa crítica que guarda importantes márgenes de independencia respecto al gobierno resulta ser más efectiva como contralor de los actos de Gobierno que el propio Parlamento. De hecho una vez ventilado públicamente un acto de corrupción administrativa gracias a las investigaciones llevadas a cabo por los medios de comunicación, los diputados, siempre tan previsibles, suelen constituir una comisión de investigación especial parlamentaria, a modo de instancia judicial, con las comparecencias e indagatorias oportunas a efectos de hallar los responsables de tales escándalos. Los resultados que vuelcan tales comisiones parlamentarias suelen ser poco eficaces cuando no dudosos e inciertos pues las responsabilidades se terminan difuminando debido a la alta ¨ politización ¨ que conlleva el caso tratado.
Los responsables de los poderes ejecutivos son conscientes de que su gobernabilidad y supervivencia dependen de que los ciudadanos mantengan ciertos niveles de prosperidad y ello se consigue irremediablemente con mayor libertad económica y la afluencia de inversiones extranjeras dada la configuración que ha adoptado la economía mundial actual. En este sentido podemos ser algo más optimistas sobre la realización a escala planetaria de un plan más o menos liberal de gobierno fundado en el respeto de los derechos de propiedad y las libertades civiles. Las empresas buscarán invertir en contextos económicos con una fiscalidad más favorable, costes laborales más bajos, escasa regulación sobre las actividades empresariales y marcos legales y burocracia judicial garantes del cumplimiento de los contratos y la ejecución efectiva de las obligaciones contraídas. En estos tiempos que corren, de poco sirven las visitas de las autoridades de gobierno a países extranjeros con el objeto de atraer inversión pues son los factores arriba mencionados los que realmente deciden la domiciliación de una sociedad empresarial en una u otra nación, región o jurisdicción. Los líderes de gobierno no suelen representar incentivos para la inversión, sino en muchos casos verdaderos obstáculos por tanto deberían esconder esa actitud pretenciosa que exhiben en sus discursos públicos frente a empresarios o en sus acciones de gobierno.
Desde una perspectiva histórica, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la humanidad jamás gozó de mayor libertad política y económica como en los tiempos actuales. Sin embargo esta afirmación tan esperanzadora choca con una tendencia nada alentadora pero igualmente indiscutible: el aumento en estos últimos cien años de la participación y proporción del gasto global de las administraciones públicas sobre sus productos nacionales. El ¨ Ogro Filantrópico ¨ de Octavio Paz necesita recursos cada vez más abundantes para ocuparse del bienestar del género humano, de su salud, educación, seguridad, pensiones, seguro de desempleo hasta suplantar la responsabilidad que le cabe al individuo ante sus propias decisiones y actos de la vida. El hombre es devorado diariamente por el Ogro Filantrópico que es el Estado paternalista en la medida en que decide su plan de vida, toma decisiones por él y asume la responsabilidad que confiere la propia acción humana. Al fin y al cabo estamos asistiendo en primer lugar a la desconfianza que profesa un inmenso número de gobernantes y gobernados sobre el individuo como principal responsable de tomar decisiones y dar respuesta a los dilemas que sólo a él le competen y en segundo lugar observamos una continua búsqueda de rentas por parte de grupos de interés convenientemente organizados, cohesionados y funcionales al sostenimiento y pervivencia de los poderes gubernamentales de turno.
* Investigador Asociado de la Fundación Atlas, residente en Madrid, España. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense.
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